Hace unos días, el aún vicepresidente Solbes contestó a la diputada Oramas con toda una batería de datos que han pasado casi desapercibidos, justo en el momento en que se reinicia -con el solemne apoyo de Soria- la enésima batallita patronal para pagar todavía menos impuestos de los que pagan en Canarias todo los que tienen la suerte (es decir, el beneficio) de tributar por el Impuesto de Sociedades.


Decía el ortodoxo Solbes algo que ya sabe Bruselas, pero que aún desconoce Canarias, quizá porque en el PSOE de aquí viven más atentos de la gresca y el folclore que de la oportunidad de ofrecer siquiera alguna buena noticia. En fin, que contaba Solbes que el montante de lo que supone del REF –lo que vale el peine- supone 950 millones de euros anuales, entre los impuestos que el Estado no cobra y las subvenciones especiales que se descargan munificentemente sobre esta región archipielágica tan lejana. No está nada mal, desde luego, 950 millones de euros al año. Son casi 160.000 millones de las antiguas pesetas, para los que –como el que suscribe- a partir de los 600 euros no se aclara si no es en rubias de las de antes.

No explicó Solbes con detalle como hace su cuenta, pero supongo yo que –salvo instrucción en contrario- habrá que entender que en ese paquete deben estár también los beneficios empresariales no tributados, que son los que se acogen a la RIC. Y aún así, a instancias del persistente martilló pilón en que se está convirtiendo Ana Oramas, reconocía el vicepresidente que la situación de Canarias es grave y que se han de hacer nuevos esfuerzos para ayudar a la economía de las islas a afrontar la crisis. Esfuerzos de inversión pública, claro.

Pero… ¿con qué jeta puede plantarse Canarias en Madrid para pedir más? ¿Cómo piensa el Gobierno reclamar nuevos apoyos del Estado si las patronales, con Soria a la cabeza, lo que dicen es que se les de permiso para demorar sine die la inversión privada? Aducen los patronos que es que la banca no les presta. Tampoco a quienes viven de su nómina, pero en el caso de los empresarios, eso habría tenido fácil remedio si el Gobierno de Canarias las hubiera visto venir, si hubiera hecho su emisión de deuda pública dirigida a la RIC, de forma que los títulos sirvieran de garantía a préstamos bancarios. Al menos para quienes no pidieron ya créditos para comprar ‘bonos RIC’ con la garantía de los propios bonos, práctica bastante generalizada…

La cosa es que las emisiones de deuda pública del Gobierno y los Cabildos se quedaron sin cubrir por primera vez en muchos años, mientras Soria hablaba de moratoria RIC. De esa irresponsabilidad se le quiere pasar factura ahora al Gobierno central, que –se olvida- también somos todos. Canarias dinamita su credibilidad para reclamar ayudas necesarias para afrontar la crisis, sin duda más merecidas, que ésta nueva trágala.