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Cuando Pascal dijo aquello de “el corazón tiene razones que la razón no entiende”, debía de estar muy enamorado para pensar en la política. Y, sin duda, nunca había oído hablar del Ayuntamiento de Santa Cruz. De lo contrario, no hubiese podido evitar ver aquí otro magnífico ejemplo de las veleidades del raciocinio.

Si su coche no arranca, usted trata de arreglarlo, gastándose una pasta en piezas, y el trasto sigue sin cumplir su función de llevarlo de un lado a otro, lo lógico sería que tomase la decisión de llevarlo a un desguace, en lugar de seguir pagando arreglos, seguro, e impuesto de circulación.

Cualquier otra cosa parecería, a priori, descabellada. Así, a bote pronto, esto viene siendo lo que ocurre con los locales que el Ayuntamiento tiene alquilados en el Parque Bulevar. Paga religiosamente por ellos una bonita suma todos los meses y ha gastado un buen pellizco en acondicionarlos, pero no los usa. Y, hasta hace bien poco, no parecía que los fuese a empezar a usar en un futuro próximo. Es más, a pesar del guirigay plenario de la última sesión, no está nada claro cuándo van a dejar las oficinas de la discordia de acumular telas de araña.

Desde 2005 hasta la fecha, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha invertido en los locales del Parque Bulevar alrededor de 440.000 euros, entre alquiler y reformas. Ya han pasado casi cuatro años desde que se arrendaron con el propósito de acoger las oficinas municipales de recaudación ejecutiva.

Pero el caso es que éstas se han instalado en el remozado García Cabrera y, por ahora, allí siguen. También iban a acoger las instalaciones del Distrito Centro. Lo cual también parece muy razonable porque lo que es céntricos, no se puede negar que estén. Pero tampoco estos servicios están aún allí.

Ciudadanos de Santa Cruz ha hecho en todo este tiempo casi una cuestión de honor llevar preguntas al pleno para saber por qué se estaba desperdiciando dinero público en pagar unos locales que no se usaban. Una cuestión que, al parecer, también inquietaba al grupo municipal socialista. Sin embargo, no habían obtenido ningún resultado de sus pesquisas.

El tema llevaba ya algún tiempo sin salir a relucir cuando hace un par de semanas el PP comenzó a anunciar la presentación de una moción para rescindir el contrato de alquiler. Y ante la previsión de que el resto de los grupos de la oposición votasen con los populares en el pleno, CC salió con que las oficinas del Bulevar iban a albergar el Distrito Centro, su Unidad de Trabajo Social y la Oficina de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Una intención que desencadenó uno de los plenos más convulsos de los últimos tiempos, y que acabó con el grupo socialista abandonando la sala después de que el alcalde explicara (apoyado por los servicios jurídicos de la corporación) que el traslado de los mencionados servicios municipales se había decidido en Junta de Gobierno y que esta decisión no podía ser modificada por un acuerdo plenario.

Dejando aparte la discusión de si legalmente Zerolo tiene razón en eso (lo más probable es que así sea), los caminos de la lógica no están tan claros.

Entre las razones que se podrían alegar para no dejar los locales se podría aducir que la corporación no quiere perder definitivamente la inversión realizada en acondicionarlos o la inmejorable situación de la que gozan los mismos para los propósitos previstos, por más que éstos se estén retrasando en el tiempo.

Todos estos argumentos podrían oponerse al innegable hecho de que se está un dinero que, a todas luces, no se está rentabilizando, para devolverle una apariencia de racionalidad a la situación fáctica.

Lo que ocurre, y lo que siembra la sospecha, es que los locales pertenecen a Antonio Plasencia. Un empresario que, como a estas alturas toda la Isla sabe, se encuentra enredado en varias de las causas judiciales que atañen también a Miguel Zerolo en relación al caso Teresitas. Así las cosas, la resistencia férrea del alcalde a rescindir el contrato de alquiler también podría tener su lógica. Otra cosa es que ésta sea justificable a los ojos de los ciudadanos.