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Bonis y su segundo, Román Rodríguez, han criticado ácidamente la decisión del Gobierno de Aznar de recurrir ante el Tribunal Constitucional los presupuestos 97 de la Comunidad Autónoma a cuenta de la reducción del gasto farmacéutico. El consejero ha acusando al Gobierno de Aznar de sucumbir a las presiones de la industria farmacéutica para evitar una mayor implantación y administración de los medicamentos genéricos (medicamentos sin marca, mucho más baratos que el resto), que es lo que pretendía hacer el Servicio Canario de Salud para ahorrarse un buen puñado de millones en la factura de farmacia.
El PP, a través de su portavoz en la Comisión especial para el Estudio del Servicio Farmaceútico, el senador por La Palma José Francisco Hernández Guimerá (por cierto: farmaceútico en activo y miembro de la Junta directiva del Colegio de Farmaceúticos de Santa Cruz de Tenerife), ha intentado desmontar el argumento principal de Bonis. La Sanidad canaria ha colado en los presupuestos un mecanismo para la reducción del gasto en medicinas, que es el de obligar a los médicos a recetar -de entre dos iguales- el específico más barato o dar razón de porqué no se hace así. Según el Servicio Canario de Salud, esa obligación -que en la práctica implica generalizar la receta de genéricos- supondría ahorrarle 6.000 millones al Tesoro canario este año. Hernández Guimerá, por su parte, alega que las cifras ofrecidas por la Sanidad canaria están infladas.
De hecho lo están: datos del Ministerio de Sanidad, ofrecidos publicados hace un par de días, aseguran que la implantación de esa ‘pequeña revolución’ en los hábitos farmaceúticos que constituye la receta de genéricos, puede llegar a suponer un ahorro de alrededor de 30.000 millones en toda España en los tres primeros años, con unos ochenta nuevos específicos de aquí a final de año, frente a los seis mil medicamentos que existen hoy en el mercado (actualmente hay algo más de 130 génericos en las farmacias, aunque los boticarios prefieren calificarlos de ‘pseudogenéricos’ o ‘falsos regéricos’, porque todavía no cumplen disposiciones internacionales firmadas recientemente por España). Si se compara con experiencias similares en otros territorios, la presunción de la Consejería de Sanidad -un ahorro del 30 por ciento en este primer ejercicio- resulta a todas luces optimista.
Pero el optimismo del Servicio Canario de Salud, no quita que al PP se le vea el plumero de los intereses de defiende en este asunto. Y a nuestro farmaceútico senador, más aún.
Colchón:
Bonis ha acusado al Gobierno de sucumbir a las presiones de la industria farmacéutica para evitar una mayor implantación de los medicamentos ‘genéricos’