jueces-magistratura

Me cuentan que el juez del ‘caso Edén’, ha pedido a los abogados de su legión de imputados que extremen la prudencia y controlen el uso que se hace del sumario en esta etapa. Nelson Díaz Frías está bastante contrariado por las filtraciones del sumario, filtraciones que tienen como principal protagonista a Paulino Rivero, pero también a otros dirigentes de ATI -Ricardo Melchior o Pepe Bermúdez-, y también gentes como Cristina Tavío y José Segura.
Buena parte de las conversaciones filtradas –y muy probablemente de las que quedan por divulgar- son intrascendentes: sólo demuestran que en una charla privada se dicen cosas que no se dirían nunca delante de un micrófono. Todo lo que hasta ahora se ha difundido de las opiniones de Cristina Tavío sobre la animosidad del juez contra Felix Sierra, o las de Ricardo Melchior sobre la Justicia, es puro ruido, opiniones personales. Alguno de los abogados de los más de treinta imputados de Arona han filtrado esos folios del sumario –o las llamadas telefónicas del cabo de la Guardia Civil de Arona a Segura- para hacer ruido, armar jaleo y liarla lo más posible, una técnica propia de abogados, y que –además- puede responder a parciales intereses, afectos o desafectos de sus clientes imputados.

Otra cosa son las conversaciones en las que pueda haber indicios de delito, como ocurre en las grabaciones en las que se apunta tráfico de influencias. El artículo 428 del Código Penal es muy preciso: establece que el funcionario público o autoridad “que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”. El mismo artículo aclara que si además de influir, se logra el beneficio perseguido “se impondrán las penas en su mitad superior.” Pero la valoración de si hubo voluntad de influir o no en Rivero y Bermúdez, depende de momento del juez.

Aunque Soria siga empeñado en marear la perdiz de las escuchas, a ver si de tanto repetir que son ilegales la gente acaba por creer que España es un país bananero, lo cierto es que estamos ante conversaciones grabadas en una investigación judicial. Debe ser el juez quien actúe. Si decide abrir pieza separada, el caso pasará automáticamente al TSJC, y lo verán los jueces más ‘políticos’. Quizá por eso, el juez Díaz Frías pide prudencia y gana tiempo. Tiene un caso importantísimo entre manos, que puede dejar de ser suyo…