a babor

Bonis y Bravo de Laguna fueron los encargados de reconocer ayer, en rueda de prensa, la información publicada hace un par de días por este periódico segun la cual el proyecto de Ley de Sedes que elabora el Gobierno no contemplará en absoluto la definitiva adscripción territorial de sus sedes. Resulta curioso que sean precisamente dos diputados grancanarios -y además dos diputados especialmente significados: uno es presidente del Parlamento y otro es el consejero ‘grancanario’ de más peso político en el Gobierno regional- los encargados por Coalición Canaria de explicar que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno para adscribir territorialmente sus distintos departamentos, pues no va a adscribir nada de nada, y se limitará a explicar la filosofía y principios generales en que se basará el reparto. A saber: «equilibrio, transparencia, flexibilidad y austeridad», según Bravo de Laguna, y lo mismo -pero con públicas dudas en lo que a austeridad se refiere- según Bonis.
Más curioso aún que la elección de dos representantes grancanarios para anunciar públicamente que la reivindicación grancanaria de una Ley de Sedes no será tal, sino mera declaración de intenciones, resulta el hecho sorprendente de que este Gobierno tenga la osadía de hacer pasar por Ley de Sedes un proyecto en el que -para nada- se habla de la ubicación de las mismas. Se repite en esta ocasión la vergonzante actitud de esconder la cabeza bajo del ala cuando hubía que optar por donde instalar el Consejo Regulador de la ZEC, y lo único que se decidió fue no decidir. El pánico del Gobierno cada vez que se plantea debate sobre la ubicación de un organismo sólo es comparable a la cara dura de los portavoces del ejecutivo en este asunto, cuando intentaron ayer hacernos creer que es lo mismo que las sedes se fijen por una Ley que por un decreto…
Ojo: en política pocas cosas pueden permanecer inmutables, más allá del reconocimiento de que la soberanía radica en los ciudadanos. La conveniencia -mayoritariamente sentida por los ciudadanos de Canarias y por los partidos políticos- de aprobar una ley que regule dónde deben estar las sedes de las consejerías y organismos públicos no implica que la decisión sea inmutable. Lo que implica es trasladar desde el Gobierno al Parlamento -representación de todos los ciudadanos- la responsabilidad de modificar esa decisión. Si lo que se quiere es hacer una ley disimulo para que cada Gobierno pueda hacer de sus sedes un sayo, como ocurre ahora, pues mejor se ahorran el gasto. Legislar es muy caro. Y legislar sobre la nada es una estafa.

Colchón:
El pánico del Gobierno cada vez que se plantea la ubicación de un organismo sólo es comparable a la cara dura de sus portavoces en este asunto