a babor

Desde que fue creado el Consejo Consultivo y el PSOE nombró a Gumersindo Trujillo presidente (sigue como vocal y ha sido ponente del informe sobre la Ley de Cabildos), el Consejo no ha acertado ni una. Pero lo que se dice ni una. Cada vez que el Consejo informa negativamente de algo, va ese algo y sale por la puerta grande. Y vicecersa: cada vez que se pronuncia a favor de un proyecto o una iniciativa, ocurre que al final se la tiene que envainar. Un informe negativo del Consejo viene a ser la garantía de que las cosas se están haciendo correctamente.
Ejemplos: Gumersindo dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas del Pacto de Progreso. Al hacerlo puso muy contentos a los agüeros, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional falló a favor de la Ley. Otro ejemplo: el Consejo (presidido entonces por Trujillo) se pronunció en contra de la la Ley de Reorganización Universitaria. Según el Consejo, la creación de una Universidad en Las Palmas era ilegal, porque suponía invasión de la autonomía universitaria. Luego salió la Ley de Reorganización, por más que al ex rector lagunero no le hiciera ni una pizca de gracia la ULPGC. Otro ejemplo más: cuando Juan Alberto Martín se inventó el impuesto de los combustibles, el Consejo dictaminó a favor. El escándalo organizado fue de los que hacen época, y es que el asunto era competencia exclusiva del Estado, por más que el Estado no dijera ni pio sobre el particular, porque el REF había colocado el impuesto en cero para la Hacienda nacional. Y más: el Consejo Consultivo metió el remo en sucesivos dictámenes sobre la integración europea, en la televisión, en la Ley de Cabildos (un informe elaborado antes de este), incluso se opuso a la impugnación de los Presupuestos del 92, una decisión parlamentaria planteada como ‘tour de force’ político contra la administración socialista.
Por eso no hay que rasgarse las vestiduras por el mero hecho de que el Gobierno decida hacer caso omiso del informe planteado por el Consejo, contrario a que se produuzca la modificación de la ley en los términos pactados con la Fecai. Primero y sobre todo porque el informe no es vinculante ni sagrado. No es vinculante por ley, y no es sagrado porque el texto defendido por Trujillo cuenta con dos votos particulares en contra, entre ellos el del presidente del Consejo, Fernandez del Torco. Y además fue enviado fuera de plazo. Que yo recuerde, ningún Gobierno ha hecho el más mínimo caso a los informes del Consejo cuando no le resultaban favorables. Lo que no entiendo es que Ignacio González se niegue a remitir al Parlamento un informe que ya conoce todo el mundo. Y menos entiendo que Bravo de Laguna se excite tanto solicitándolo.

Colchón:
Según el Consejo Consultivo, la creación de una Universidad en Las Palmas era ilegal, porque suponía invasión de la autonomía universitaria