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El PSOE canario acaba de presentar una proposición no de ley cuyo objetivo es instar al Gobierno de Canarias para que unifique la normativa sobre dietas a percibir por los cargos públicos, en evitación de que se sigan repitiendo situaciones tan poco edificantes como las denunciadas en los medios de comunicación los últimos días.
La iniciativa, firmada por Augusto Brito en calidad de portavoz del Grupo Socialista, pero planteada por el diputado García Déniz, viene a ser la respuesta ‘seria’ a la jaculatoria de denuncias personalizadas organizada la pasada semana por los diputados Fresco y Alemán. Ojo: sin duda es denunciable que altos cargos del Gobierno cobren indemnizaciones y dietas por asistir a reuniones a las que están obligados a asistir en función de su cargo. En la práctica, cuando lo hacen, están falseando la filosofía de las dietas, que es compensar los gastos que debe asumir un funcionario público de su bolsillo para poder realizar su trabajo. La práctica -al parecer bastante extendida en la administración canaria- de cobrar dietas por todo, viene a convertirse en una forma de recibir dos veces un sueldo por el mismo trabajo. Y eso no sólo es reprobable desde el punto de vista moral sino que en algunos casos resulta incluso flagrantemente ilegal.
Por ejemplo, según un informe interno de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el decreto por indemnizaciones (el famoso decreto 273), establece que las dietas que cobran los altos cargos por asistir a reuniones de empresas públicas, tiene que pagarlas el órgano representado (en el caso de las consejeros y altos cargos serían la consejerías) y no la empresa pública o la sociedad a cuyos consejos o reuniones se asiste, lo que convierte en ilegales todas las dietas percibidas desde la caja de las empresas públicas por los consejeros y altos cargos que asisten a reuniones.
Pero incluso situaciones que no son ilegales resultan de lo más chusco: es el caso del señor que cobra del erario público por desplazarse y asistir a un entierro. Vaya cara. Recuerda -en tono de comedieta italiana- el lío organizado en el rotativo El País cuando uno de sus corresponsales -destacado en un frente de guerra- pasó a gastos la factura de una reputada -muy reputada- ‘casa de masajes’. Cuando fue recriminado por la administración de PRISA explicó que necesitaba relajarse despues de los tiroteos. No coló, claro.
Y tampoco parece que deban colar las explicaciones que hoy dará el Gobierno en el Parlamento de Canarias al uso más que generoso que siete de sus miembros han dado al decreto 273. El hecho de que los consejeros ingresen directamente sus dietas por asistencia en la caja de Coalición Canaria -como efectivamente hacen- no parece suficiente argumento para justificar una práctica poco ortodoxa. Una práctica, por cierto, estrenada en anteriores gobiernos, mal que les pese a Fresco y Alemán.