a babor

Para empezar, te confieso que nunca, pero nunca de nunca, creí posible que el Gobierno de Canarias se viera algún día obligado a devolver los cuartos cobrados a cuenta del IGIC. Tengo para mí que duro que cobra el gobierno -sea este el de Felipe González, el del PP, el gobierno insular o el de la muy noble ciudad de Tegucigalpa- es duro que desaparece para siempre, y del que no vuelve a encontrarse rastro jamás. El único caso conocido en que una administración nos devuelve a los ciudadanos una peseta mal cobrada es el de las devoluciones de la Renta, y hasta eso tiene trampa: lo que hace el Estado es girarnos a seis meses y sin pagarnos intereses (y eso en el mejor de los casos) las cuotas de un préstamo que nos ha obligado a hacerle, y encima sin darnos siquiera las gracias.
Por eso, cuando el TSJC de Las Palmas puso a los empresarios tan cachondos con la historieta de que el Gobierno de Canarias tendría que devolverles hasta la última peseta cobrada a cuenta del IGIC, a mí me entró una risa ímbecil que hasta hoy me ha durado y que a veces tanto se me nota. Y por eso también, el fallo del TSJC de Tenerife considerando constitucional y ajustado a derecho y legítimo y dos piedras el IGIC, por ser «un impuesto indirecto que no recae sobre el consumidor final» y etcétera, pues esa decisión no me sorprende un pimiento, por más que no logre entender los argumentos esgrimidos por los jueces tinerfeños. Porque a ver si tú me lo explicas: si vas a un merendero y pides unos tapas y unos chocos y unas cervezas y una botella de Firgas y al pasarte la cuenta te añaden un cuatro por ciento en concepto de IGIC y vas y lo pagas, ya me dirás si repercute o no ese impuesto en el consumidor final que eres…
Pero doctores muy eruditos tiene la Iglesia y jueces muy sabios el TSJC. Por eso, y como ignorante convicto y confeso en materia fiscal y en casi todo, estoy hasta dispuesto a fiarme de las consideraciones de los tribunales en este -al parecer- tan alambicado y complejo asunto de si al final lo que pagamos directamente es un impuesto directo o no lo es. Lo que realmente me tiene amargado -aparte de que me van a cobrar de todos modos- es que no sé exactamente si debo hacer caso de la justa opinión del TSJC de Las Palmas o de la igualmente justa opinión del TSJC de Tenerife. Porque el asunto es que uno dice una cosa y el otro dice -justamente, o sea, con toda justicia- justo todo lo contrario. Y eso si que resulta cuando menos chocante.
Bien chocante, menos para los Servicios Jurídicos del Gobierno. Su director general, además de felicitarse por la sentencia tinerfeña que avala al Gobierno para seguir cobrándonos esos cuatro por ciento en cascada que parece que en nada nos afectan, entiende que la falta de coincidencia entre los fallos de Las Palmas y Tenerife resulta normal dado que se trata de dos «órganos totalmente independientes». Y en eso tiene razón el hombre: para tratarse de un mismo Tribunal Superior de Justicia, más independencia, imposible.