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El Consejo Consultivo se ha negado a dictaminar sobre la propuesta de reforma del Estatuto. Después de dos reuniones cargadas de tensión, tres de los cinco miembros del Consejo han votado en contra de emitir dictamen alguno hasta que se produzca el informe previo de los Cabildos, informe que a la Mesa del Parlamento se le olvidó solicitar. La cuestión podría parecer trivial, sólo un pequeño problema de formas, si no resultara que el retraso en el dictamen del Consultivo hace prácticamente inviable que la reforma pueda ser remitida a las Cortes en tiempo para su discusión y aprobación en esta legislatura autonómica.
Ese es el hecho. Y luego las reacciones: la Mesa del Parlamento, en una interpretación más bien gruesa, dice que si el Consultivo no responde en el plazo previsto, se considerará silencio administrativo y que el silencio administrativo es equiparable a informe favorable. Otra: Oswaldo, que en esta ocasión se despeña más bruto que Brito, acusa al Consultivo de actuación impresentable, inconcebible y etcétera, y de extralimitarse y entrar a saco en el terreno de lo político.
¿Porqué se enfada tanto don Oswaldo? Veamos: que la Mesa del Parlamento se ha olvidado de solicitar informe a los Cabildos parece evidente. Los Servicios Jurídicos del Parlamento andan más dedicados a la persecución de funcionarios con vocación sindical que a vigilar el trámite de los expedientes legislativos. La metedura de pata es de las que piden el cese del secretario de la Cámara a gritos.
Pero también es cierto que no todo el mundo opina que el informe previo de los Cabildos sea ‘absolutamente obligatorio’. En el mismo Consultivo no hubo unanimidad al respecto. La cuestión quedó en tres a dos: junto con Fernández del Torco votaron en contra de emitir dictamen Gumersindo Trujillo y Francisco Reyes. Uno de ellos es miembro del Consejo Consultivo a propuesta del PSOE y el otro a propuesta del PP. A favor de emitir dictamen se pronunciaron Francisco Plata y Enrique Petrobelli, ambos ‘propuestos’ por Coalición Canaria. Curiosamente, ese personaje conflictivo y singular que es Torco también fue ‘propuesto’ para la Presidencia del Consejo Consultivo por los nacionalistas, pero a nadie que le conoce se le escapan sus conexiones con el Partido Popular, y muy especialmente con Fernando Fernández. Quizá de ahí venga la acusación de Brito sobre ‘peligrosa politización’.
Y es que la negativa del Consejo le viene muy bien al PSOE y al PP y muy mal a Coalición Canaria: todos sabíamos que una reforma del Estatuto sin consenso no sería nunca aprobada por las Cortes. Quien mejor lo sabía era Coalición Canaria, decidida a utilizar como baza electoral la negativa de las Cortes a reformar el Estatuto sólo porque lo piden 31 diputados nacionalistas. Brito se enfada porque su mejor estrategia electoral se ha ido al garete: en Coalición Canaria ya no podrán echar la culpa a Madrid y a sus secuaces de que no se produzca la reforma. Tendrán que culpar a Torco, que los propios nacionalistas colocaron en el Consejo Consultivo. Y a Torco se la va a traer al fresco: de aquí a unos meses ya habrá fichado por el PP.