a babor
Si un alcalde es condenado por cometer una estafa, parece razonable que la Justicia se encargue de evitar que pueda cometer cohechos mayores si se diera el caso de que el susodicho avanzara en el escalafón público y consiguiera ser elegido diputado regional, presidente del Cabildo y senador. Pero lo que parece razonable no tiene porque ser obligatorio: al menos no lo fue en el mes de julio pasado para el Tribunal Supremo, en cuyo auto se abría la puerta a la consideración de que uno pueda ser un alcalde muy golfo y al tiempo un ejemplar diputado, un honestísimo presidente cabildicio y un modélico senador. En la misma tesis abundaba el auto del Tribunal Constitucional del mes de junio, que venía a decir poco más o menos que como el diputado Dimas no había cometido ningún delito probado siendo diputado, no se le podía condenar con la privación de su escaño. Así se desprendía de aquel considerando legal en el que se afirmaba que el «efecto desfavorable o negativo» de la retribución penal se refiere a «un delito cometido en el ejercicio del cargo de alcalde».
Otras instancias jurídicas, como el Consejo Consultivo de Canarias, aseguraron muy al contrario que si un delito se ha cometido utilizando de un cargo público cualquiera, la condena al delincuente se hace extensiva a todas las canongías a las que el susodicho pudiera haber optado antes de la condena.
El Tribunal Supremo modificó entonces su posición inicial para alinearase con la condena ‘global’ a Dimas, y la discusión dejó de ser entonces de huevo, y se convirtió en debate de fuero: «un médico no deja de serlo porque se le incapacite temporalmente para el ejercicio de la Medicina», decían los amigos de Dimas. Y el propio Dimas aseguraba que su título académico estaría colgado en las paredes de la celda si fuera menester.
Por aquel entonces, las AIC apoyaban la fórmula de mantener a Dimas como diputado en un poco peligroso 30-29, pero luego vinieron las guerras internas del PIL conejero y la federación optó por defender lo contrario, mientras el PSOE se alineaba con el planteamiento de que un médico es un galeno por encima de todo, con el objeto de bloquear al Gobierno copn un hipotético empate parlamentaria. Fue el de los cambios de posición de los partidos un espectáculo indigno y de mal recuerdo.
Un espectñáculo que ha durado hasta ayer mismo, cuando el Supremo se decidió a cerrar de un portazo el kiosco de la especulación sobre el futuro de Dimas, sentenciándolo definitivamente. Por fin para unos -y desgraciadamente para el afectado- el Supremo ha echado por tierra la ‘teoría del médico’, al negarse a considerar la petición del abogado defensor de Dimas que pedía quee no se privase al político conejero de su condición y derechos como diputado regional. Para el Supremo, está claro que el otrora poderoso caudillo ha perdido hasta el fin del mileniuo el derecho de ser representante de su pueblo.
A partir de ahora, se niegue o no a aceptarlo el afectado, el fenómeno político Dimas Martín ha muerto.