Cada vez que aludo al legado de los doce años del PP, en el Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, me sale alguien con que como de los psocialistas, que ellos me pagan. Nunca me ha preocupado esa “explicación”, porque con ser falsa me hace ganar respetabilidad al no considerarme ya pagado por el oro de Moscú; el soviético, mucho más siniestro que el de las mafias actuales que, después de todo, se atienen a las leyes del mercado.


Tras cuarenta años de dale que te pego, hasta llegar a ser un jubiloso jubilado que escribe porque ya no te dejan matar las mañanas echando millo a las palomas al solito del parque, comprenderán que me resbalen tales imputaciones. Ni siquiera me molesta la frecuente grosería, amparada por el anonimato, que les alivia la mala baba.
Sí me interesa, sin embargo, hacer constar que son los hechos ciertos, no los calificativos o descalificaciones, los que importan. La cultura política arranca y crece a partir de la valoración y la ponderación de esos hechos, no de los exabruptos de mal tabefe. Una cosa es disentir de la interpretación que haga el escribidor y dos cosas el vómito infame.
Los periódicos de ayer, sin ir más lejos, recogían algunos hechos. El primero, la revocación por el Ayuntamiento de Las Palmas del permiso de construcción de las torres del Canódromo. Un problema nacido en 2000, que tenía desde el principio todos los boletos para acabar mal y sobre el que han recaído sentencias judiciales adversas. Éstas darán lugar, seguramente, a reclamaciones de la empresa constructora y a una nueva indemnización, que se sumará a la ya considerable cantidad de millones de euros que le están costando a la ciudad las cancaburradas de doce años de PP. En el campo de las especulaciones, no de los hechos comprobados, diréles de las sospechas de no pocos, sorprendidos por la agilidad sobrevenida a la Justicia al concentrar sus resoluciones en los dos años y algo que lleva Saavedra en la alcaldía.
Éstos son los hechos. No los comento en defensa de los psocialistas; ni siquiera pienso que tengamos un buen gobierno municipal. Pero tiemblo al constatar que hay gente dispuesta a hacer tabla rasa de los desastres de Luzardo y sus manifiestas insuficiencias políticas e intelectuales para colocarla de nuevo en la alcaldía. Ni siquiera se fijan en que, dentro del propio grupo municipal del PP, hay personas capacitadas a las que no deja levantar cabeza, muy al estilo soriano de que no crezca la hierba alrededor, no vaya a colársele un árbol que le haga sombra.
No sé a ustedes, pero a mí me pone los pelos de punta; no que gobierne el PP, al que habrá de tocarle, sino que lo haga el entorno Soria-Luzardo. Ahora dicen que la candidata in pectore de Soria a la alcaldía de Las Palmas es Australia Navarro; si no quieres caldo, toma dos tazas. Muy a tono con aquella orden suya de que nos comiéramos el banderón de la Avenida Marítima.
Y del Ayuntamiento, al Cabildo, sin salirme de los periódicos de ayer. La corporación insular ha de indemnizar con dos millones de euros (unos trescientos millones de pesetas, agüita) a eventuales contratados por el PP al concluir sus contratos. Se trata de contrataciones con fuerte olor a clientelismo. Son personas a las que se les permitió realizar tareas propias de la administración, no contempladas en el contrato eventual, con lo que entraron por la puerta falsa a una relación laboral que les ha permitido fundamentar sus reclamaciones. Ese es el hecho; su valoración va desde la mala fe y la complicidad a la peor gestión o al descuido negligente en Personal. Tachen lo que les parezca mal. En cualquier caso, son dos millones de euros restados a la atención de las necesidades de la isla. Es curioso que siga la opinión sin percibir que somos los ciudadanos los primeros perjudicados por el mal manejo de los fondos públicos, al punto de permitir continuar galleando a políticos nefastos que ni se sonrojan. ¿Tenemos lo que nos merecemos?
Sin salir de los periódicos de ayer, el Gobierno acaba de prescindir de María Jesús Mesa Hernández, ya ex directora de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. La colocó en 1999 Román Rodríguez y desde entonces ha acumulado una amplia serie de sentencias, con grave quebranto de las arcas regionales. Estos son los hechos y ahí está Tebeto como caso más notorio. La cuestión es si el Gobierno trata de enderezar algo al sustituir a Mesa; o si le mueve el deseo de ofrecer a la opinión soliviantada una cabeza de turco (de turca, en este caso). Ya hubo un intento anterior, en el que persiste, de culpar a Francisca Luengo. Ahora señalan a María Jesús Mesa. La pregunta es si cabe culpar a funcionarios, a subordinados, de decisiones que adoptan, en última instancia, los políticos, como es lógico. Ustedes dirán.
Si por un lado está clara la nada sorprendente “suerte” judicial de los políticos, la que volvió a sonreír ayer mismo a Soria, por el otro da la sensación de que tratan los mandarines de reforzar su condición de intocables en perjuicio nuestro echando subordinados a la hoguera. Así es si así les parece.
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