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Ha sido el PSOE, y por la muy cualificada boca de Jerónimo Saavedra, quien ha planteado de nuevo la posibilidad de una reforma de las normas electorales canarias, que permita la creación de una circunscripción regional y elimine así los excesos ‘territoriales’ de la representación en el archipiélago. Unos excesos que provocan que un diputado regional herreño pueda ‘costar’ 700 votos, frente a los 25.000 que ‘cuesta’ uno en Gran Canaria o Tenerife.
Tiene toda la razón Saavedra cuando reta a los nacionalistas de Hermoso a aceptar la creación de esa nueva circunscripción, la octava de las canarias, alegando que la mejor forma de demostrar su nacionalismo es asumiendo la representación política canaria más allá del hecho territorial insular.
En lo que sin embargo no tiene tanta razón Saavedra es cuando afirmar que el PSOE siempre ha mantenido esa misma postura favorable a la creación de una circunscripción regional. Es cierto que el PSOE defendió tal posición durante las negociaciones de la primavera del año 82, cuando se estaba desarrollando el articulado del que se convertiría en Estatuto de Autonomía. Y también es cierto que frente a las tesis del PSOE -partidario de un sistema de ocho listas, una de ellas regional, y las otra siete insulares-; la UCD era partidaria de un sistema que respetara una serie de complejos y alambicados equilibrios matemáticos en la representación, entre las islas menores y las mayores, entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, y entre las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife.
Al final, evidentemente, se impusieron las tesis de la Unión de Centro Democrático, y la representación al Parlamento de Canarias quedó definida en el Estatuto tal y como es ahora. El PSOE dice que las actuales normas electorales las hizo UCD, y eso también es verdad. Pero también lo es que cuando el PSOE pudo modificar esas normas no lo hizo: durante el Pacto de Progreso, siendo Saaveda presidente, el PSOE volvió a barajar el supuesto de un Parlamento de setenta miembros, elegido a partir de siete candidaturas insulares con tres diputados cada una, y una regional integrada por 49 parlamentarios. Pero esa posibilidad -la propuesta ‘histórica’ del PSOE- se descartó rápidamente, porque no ofrecía variación ninguna con respecto a la situación de aquella epoca en el Parlamento de Canarias: aún en el caso de que la representación electoral del PSOE pudiera verse levemente aumentada, con los datos de las legislartivas del 86, quienes más se beneficiaban de una modificación de las normas electorales eran precisamente los grupos minoritarios -y singularmente los partidos insularistas en claro ascenso- que se verían favorecidos por cualquier modificación que ampliara el número de diputados, y por tanto la proporcionalidad en la representación, dando de esa forma más juego a los ‘pequeños’.
El PSOE pudo entonces cambiar las normas electorales. Pero no le interesó hacerlo.