Otra vez.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha condenado al Gobierno a indemnizar con más de doscientos mil euros a una empresa que presentó cinco proyectos al concurso eólico anulado por el Ejecutivo. La Sala sólo ha dictado sentencia, de momento, por tres de las cinco reclamaciones de esta empresa, que esperan en cola, junto a la de otros concursantes. A eso se suman las indemnizaciones por la moratoria turística, lo de Tindaya, lo que venga por las tdt…
El Gobierno parece decidido a gobernar saltándose la legalidad y pagando años después por ello. A fin de cuentas, es muy posible que los platos rotos los tenga que abonar una administración distinta, como ha ocurrido con varias sentencias de las etapas precedentes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido que asumir la Administración de Saavedra.
El sistema de que no haya responsabilidades directas de quienes toman la decisión luego recurrida y sancionada no se sostiene. Especialmente con una Justicia que tarda tanto. Quizá haya que empezar a plantear que la responsabilidad de la Administración sea compartida –siquiera en una pequeña parte- por quienes toman las decisiones. Mantener el sistema actual es tanto como dar carta blanca a los gobiernos para que hagan lo que les de la gana, saltándose las leyes a su antojo, y que luego sus errores se paguen con dinero de los ciudadanos. Un dinero, por cierto, muy necesario en estos momentos para atender otras necesidades.